Habitantes de la localidad del Calvario, en Quiroga, denunciaron que no avalaron las determinaciones aprobadas por el Ayuntamiento de la administración pasada para otorgar presupuesto directo y funciones municipales a su comunidad, y que dichas decisiones se tomaron sin consulta y sin su consentimiento. El conflicto tomó relevancia pública luego de que el exalcalde Arturo Estrada admitiera haber recibido un terreno de integrantes del propio Calvario, hecho que ha intensificado las dudas sobre la legitimidad del proceso y el posible conflicto de interés.
Lo que comenzó como una gestión para que el Calvario accediera al presupuesto directo terminó convertido en un caso que podría derivar en responsabilidades legales. Todas las decisiones cuestionadas corresponden al Ayuntamiento de la administración pasada y no al gobierno municipal actual.
El origen del caso se remonta al 30 de julio de 2024, cuando el Cabildo anterior sesionó para revisar una solicitud presentada supuestamente en nombre del Calvario. Sin embargo, habitantes de la comunidad sostienen que nunca fueron informados ni consultados, y que la petición no representa a la totalidad de la población. Ese mismo día, Estrada se presentó en redes sociales como “nuevo comunero”, acompañado de autoridades que —según los propios habitantes— no cuentan con reconocimiento general dentro del Calvario.
Lo que el exalcalde no informó entonces —y que admitiría tiempo después— es que también recibió un terreno de 15 por 35 metros, supuestamente como un gesto de “cariño”. Ese factor sería clave semanas después.
A cuatro días de concluir su administración, y tras confirmarse en el Tribunal Electoral que no logró la reelección, Estrada convocó a una sesión urgente del Cabildo de la administración pasada. En dicha reunión se aprobaron dos decisiones de alto impacto: la transferencia del presupuesto directo al Calvario y la entrega de funciones municipales a la comunidad, sin consulta ciudadana, sin análisis técnico y sin consenso entre sus habitantes, según denunciaron ellos mismos.
El resultado fue inmediato. El Ayuntamiento anterior reconoció al Calvario como autoridad indígena y autorizó recursos a su favor, mientras Estrada —ya comunero y beneficiario del terreno entregado por la misma comunidad— presidió y firmó los acuerdos. Con ello, la línea entre lo público y lo personal quedó difuminada.
La polémica retomó fuerza el 12 de noviembre de 2025, cuando el exalcalde admitió en una transmisión en vivo haber recibido el terreno: “Sí me dieron un terreno… me lo dieron de todo corazón”, dijo. La declaración conectó directamente sus beneficios personales con las decisiones oficiales que impulsó desde el cargo.
Especialistas en derecho consultados señalan que estos hechos podrían configurar conflicto de interés, cohecho y abuso de funciones. Conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Estrada debió notificar al Cabildo, excusarse de participar e inhibirse de presidir sesiones donde se beneficiaba a la comunidad que le otorgó un bien patrimonial. De comprobarse, las sanciones podrían llegar hasta 10 años de inhabilitación.
Juristas penalistas agregan que la entrega del terreno constituye un beneficio económico que, si antecedió a decisiones favorables, podría encuadrar en cohecho. Asimismo, la aprobación de los acuerdos del 27 de agosto podría constituir abuso de funciones al emplear su investidura para favorecer a un grupo con el que mantenía un vínculo personal y patrimonial.
El conflicto se reavivó cuando la Secretaría de Finanzas del Estado notificó descuentos al presupuesto municipal para transferirlos directamente al Calvario, en cumplimiento de lo aprobado por el Ayuntamiento de la administración pasada. La medida provocó inconformidad tanto en barrios y colonias como dentro del propio Calvario, cuyos habitantes reiteran que nunca respaldaron la solicitud de presupuesto directo ni las decisiones tomadas en su nombre.
La mayoría de los habitantes del Calvario exigen que se investigue a fondo la actuación del exalcalde y que se realice una consulta legal, transparente y vinculante, en la que la propia comunidad decida si desea o no acceder al presupuesto directo bajo los términos de la normatividad vigente.